La ley, la trampa, el fraude de Ley y el caos (I)

       (Artículo publicado en Granada Digital, Plaza Nueva)
  
       04/06/2004

       Los periódicos se han hecho eco ampliamente, y volverán a ello, de la polémica sobre la Ley de Educación, sobre la LOCE.

Parece mentira que siempre sea la ley el punto de disputa, y digo disputa y no discusión, cuando entre los políticos hay tan poco respeto hacia cualquier ley, sea la que sea: la propia o la ajena, la del partido en el poder o la que hizo el poder anterior.

Todos llegan queriendo cambiar la ley de educación: esa es siempre una oferta estrella en las campañas electorales. Llegan con prisa al poder, no tienen paciencia y trabajan atendiendo a todos los tópicos electoralistas, lo que equivale a trabajar para la galería. Cambian algo llamativo, alguna cosa, pero no suelen tener demasiado sentido de la conexión que han de tener las leyes unas con otras. Eso, y la necesidad de seguir en todo lo no cambiado con la ley anterior da extraños híbridos desde el punto de vista legal. Desde la realidad de los centros, desde las clases, todos los esperpentos son posibles, todas las contradicciones tienen o quieren tener cabida. Resultado: el caos.

Hay una constante: la ley del 70, la Ley General de Educación – llamada también de Villar Palasí – tuvieron que ponerla en práctica, en lo que a las etapas más problemáticas se refiere, el gobierno de la Transición y el primer gobierno de la democracia: el Bachillerato, por ejemplo. En todo ese tiempo no se promulgó más que una ley de funcionamiento de los Centros. Todo lo demás quedó igual. Llegó el PSOE al poder y lo antes posible – tampoco muy pronto – hizo la LODE, una vez más una ley de funcionamiento de los Centros. Para todo lo demás seguíamos con la Ley General. Pasó el tiempo ¿Recuerdan de qué año es la LOGSE? Si no lo recuerdan, búsquenlo y no olviden que el PSOE llegó al poder en el 82.

Todos los que enseñábamos en aquellos años sabemos lo que fue la Reforma, la experimentación de la Reforma y lo que bien podíamos llamar “La Contrarreforma”. Recordamos también todo aquello del calendario de aplicación de la experimentación de la Reforma, de la Reforma, de los calendarios de aplicación de la LOGSE, de los cambios en esos calendarios. ¿Cuántos años pasaron estando vigente la Ley del 70? Cuando se generalizó la aplicación de la LOGSE en los tramos más conflictivos el PSOE ya no estaba en el poder. El PP quiso hacer su ley. Tardó, sabemos que tardó. Tardó tanto que ha dejado la aplicación en herencia al PSOE.

Mucho ruido con la suspensión de la Ley de Calidad, pero en realidad esa ley, ¿qué cambia con respecto a la LOGSE? Se habla de la suspensión, de momento sólo puede hacerse un retraso en la aplicación, pero incluso ese retraso no afecta más que a lo más llamativo – como la implantación de la Reválida – porque en otros aspectos la ley sigue vigente y el partido en el poder no tiene intención de cambiarla. De hecho y de derecho, la ley de calidad, la LOCE no cambia en lo esencial la LOGSE. ¿A qué viene tanto revuelo? ¿Cómo es posible que sobre la base de la Ley del 70 se haya hecho tanto cambio para no cambiar ni los objetivos, ni los métodos, ni las líneas generales del sistema educativo? El PSOE promete una nueva ley orgánica. Veremos lo que se cambia realmente y cuándo.

Todos estos cambios, todas estas contradicciones no serían nada si hubiera un sentido de la ley, una convicción en cuanto a su beneficio, un arraigo profundo de la idea de que decir leyes es decir libertad y no lo contrario, una idea de lo que son realmente los derechos y los deberes. Se necesitaría un reflejo que permitiera entender siempre que cada vez que se deja de cumplir un deber – una ley - a alguien se le priva de sus derechos. Los partidos se suceden en el poder pero no puede decirse que ninguno se haya destacado por lo que es privativo del poder ejecutivo: hacer cumplir la ley. Hacerla cumplir en general y en el día a día de las instituciones públicas y privadas. Tampoco se han destacado por saber analizar qué darían sus leyes, sus reglamentos, sus normas en la realidad. ¿No lo sabían, o lo sabían demasiado bien? Esa puede ser una buena pregunta. La dejaré por ahora. No hablaré de la forma en que se ha denostado una ley para hacer otra, en lo esencial, igual. No voy a hablar tampoco de la Ley de Autonomía Universitaria porque es notorio hasta qué punto fue vergonzoso que una propuesta tras otra fueran rechazadas hasta que quedó una ley que no era una ley sino una patente de corso para que con la excusa de la autonomía universitaria cada Universidad, cada Facultad hiciera lo que le diera la gana – léase lo que convenga a los intereses endogámicos más inconfesables por no hablar de los políticos más ramplones.

Una patente de corso, esa es la aspiración máxima que parece estar no tanto bajo el texto legal como bajo su imposibilidad de aplicación en la realidad que pretende regular. Se disfraza con ropajes que pueden parecer diferentes, pero que apenas si son distintos. En su aberrante combinación sólo podrían engañar a una minoría, pero en la realidad tienen el poder de contactar con no pocas necesidades profundas que nadie quiere hacer explícitas y que muchos no podrían reconocer aunque quisieran. Hay un dicho popular que no puede ser más claro: El que hace la ley hace la trampa. Digamos que lo más sorprendente es que casi todos entren al trapo de esa trampa aunque les perjudique a corto o a medio plazo.

La ley, para empezar, no se la lee casi nadie. Estudiarla, revisarla para saber exactamente cómo actuar es cosa de un porcentaje estadísticamente sin valor. Los políticos lo saben. Hacen o ponen en práctica una ley pero dan la versión que saben va a conectar con la mayoría. Según esa versión se preparan textos, apoyos, cursillos y todos  los etc. que conocemos. Nadie se salta abiertamente lo estrictamente formal – aunque una buena inspección de servicios descubriría no pocos fraudes de ley y de los otros-. La realidad es, sin embargo, otra cosa.

Pongo unos ejemplos recientes y simples: La LOCE permite que el alumno repita en todos los cursos. Perfecto, dicen los profesores. Hace repetir con dos áreas suspensas. Bravo. Perfecto, dicen muchos profesores. Yo pregunto: ¿con cuántas áreas se hacía repetir en los centros, donde se acordaba – sin que constara en ningún sitio – el criterio de promoción? ¿Qué impedía de hecho acordarlo? ¿Cuál es el cambio real, incluso el legal, si se mantiene la decisión colegiada para la promoción? ¿Cómo encaja el concepto de evaluación, cómo el de equipo docente?

Habrá notas numéricas. ¡Bien!, dice más de uno. Los que así se pronuncian son los mismos que durante todos estos años puntuaban numéricamente y luego traducían la numeración a la nomenclatura oficial. El cambio sólo va suponer un alivio matemático, un descanso para las calculadoras – un indiscutible ahorro energético -, aunque eso sí: a partir de ahora hablar de evaluación empieza a tener muy poco sentido, legalmente quiero decir, porque hablar de evaluación ha sido una exigencia legal, una pura palabra casi siempre: con notas numéricas o sin ellas. (Lo que es grave ya que el sistema descansa en ese concepto).

El PSOE no ha tocado ninguna de las dos medidas “de calidad”. Sabe que eso estaría muy mal visto por los profesores, que mantener esas medidas le permitirá ganar más de un punto. La realidad es que los alumnos van a seguir promocionando, no con más de dos, sino, con treinta, con más de treinta áreas suspensas, porque sólo podrán repetir una vez y al curso siguiente promocionarán con lo que sea. Eso puede estar bien o mal, pero invalida cualquier pretensión de que sea el nivel del alumno el que decida la promoción. Eso acabará con el sueño de la calidad, con el sueño de las clases con un nivel mínimo. La promoción automática seguirá siendo un hecho, un curso sí y otro no, claro. En Primaria no repetirán mucho porque dejar a los alumnos repitiendo crea problemas de ajuste de grupos muy serios y rencillas entre los profesores. En Secundaria sólo habrá unas opciones muy concretas ya que por cuestión de edad los alumnos no podrán repetir más que dos veces y si lo hacen en más de dos cursos se tendrán que desescolarizar  masivamente en tercero de ESO.

Hablar del mantenimiento de los exámenes de recuperación, de esas segundas pruebas de evaluación, que sustituirían a los suprimidos exámenes de septiembre, sería risible si no fuera simplemente injusto. Las comunidades en las que gobierna el PSOE tendrán exámenes extraordinarios a finales de junio, (para ello los alumnos serán evaluados el ocho de junio y seguirán asistiendo a clase, aprobados o a la espera de los exámenes extraordinarios. ¿Cómo se programarán esas clases?¿para quién?¿A cambio de qué?) En las otras, esos exámenes serán en septiembre. Sería para no creerlo. Las pruebas en junio podrían ser en la práctica, aunque con un sentido legal muy diferente, lo más cercano a la Suficiencia, ¿lo recuerdan?