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Posibilidades y
límites son siempre el marco de cualquier realidad y, por lo mismo, de todas
las posibilidades de actuación. Es cierto que esas posibilidades, en el caso
del profesor, están en al menos tres realidades distintas que acaban
confluyendo en el aula.
Hay un marco
legal. Una ley que es la que trae y deja a los alumnos en las aulas. Es la
que configura los programas, la que permite ciertas actuaciones y prohíbe
otras. Es, la misma ley, la que articula o corre el riesgo de que se
sumerjan en el caos las necesarias relaciones del profesor con la dirección
del centro, los colegas y los padres llenándolas de contradicciones más o
menos explícitas.
No será
negándola, ni intentando permanentemente oponerse a ella como el profesor
consiga sobrevivir. Peor que eso: no será ignorándola como consiga resolver
ningún problema.
Hay una especie
de perversión generalizada con esto de la ley. Hablar de ley, de norma, es
algo que produce sarpullidos a una amplia mayoría. La versión más
perniciosa de este síndrome es la participación con sus formas más o menos
puristas, el consenso, la discusión, la autonomía de los centros y alguna
que otra cosa por el estilo en cuanto que no se entienden en el marco de la
ley.
Ante la
indisciplina se quieren consensuar “ participativamente” los derechos de los
alumnos, o de los padres, las sanciones, incluso los procedimientos. ¿Qué se
quiere realmente hacer? ¿A qué nivel? Se toma la norma vigente como marco
ineludible del que partir? ¿Se entiende la operatividad de cualquier
procedimiento como una variante posible dentro del marco?
No, en general
no. Se llega a la reunión participativa y nadie se ha leído las normas. Así,
si la situación es conflictiva, las posturas serán un juego encontrado de
reproches, de medidas drásticas, de posturas sin ningún tipo de matices ni
acercamientos. Si no se parte del conflicto declarado lo que sale de la
reunión son generalidades que en la práctica no son sino cantos al sol que
servirán más tarde – cuando surjan los conflictos- para desacreditar
cualquier normativa y a todos los que intervinieron en ella.
Es deprimente
ver cómo, por ejemplo y en un caso que suele estar en los medios de
comunicación con frecuencia, existiendo un marco legal que permite
expedientar a un alumno y que sea trasladado de centro como consecuencia del
expediente sólo con que así lo apruebe el Consejo Escolar, se repita – hasta
en pancartas de vez en cuando- que no se puede hacer nada con un alumno que
perturba gravemente la convivencia de un centro. Es tan deprimente, al
menos, que la Inspección que debe ser la que traslade al alumno sin más, sin
posibilidad de oponerse salvo que medie un recurso por parte de los padres o
detecte un defecto de forma en el expediente, olvide sine die dicho
traslado. Los profesores son capaces de salir a la calle a protestar, de
elevar sus quejas por “su impotencia”, y no de exigir la ejecución del
acuerdo del Consejo Escolar por medios legales llegando hasta donde haga
falta. Hasta donde haga falta no es hasta la algarada o la huelga, sino
hasta la acusación de prevaricación del funcionario que no cumple con su
obligación.
Se ha repetido
hasta la saciedad en múltiples artículos sobre el informe PISA que “había
que aprobar a los alumnos”. ¿Cuántos docentes se quejan de verse obligados a
aprobar? La ley contempla la promoción obligatoria, aunque con un margen de
dos repeticiones de curso en la escolaridad obligatoria, pero en ninguna
parte dice que el alumno tenga que aprobar, que los profesores tengan que
aprobar, que el maestro tenga que decir que “progresa adecuadamente” o que
su evaluación es “suficiente”.
No voy a seguir
con los ejemplos. La actual ley deja en manos de los profesores cosas tan
importantes como los desarrollos curriculares, como la fijación de niveles,
como una optatividad que bien llevada podría dar mucho juego. Permite la
adscripción de alumnos a los Programas de Diversificación, su incorporación
a las unidades de apoyo. Permite muchas cosas, muchas más de las que se
dice. Muchas de ellas escapan al ámbito del profesor individual, pero nunca
al de sus exigencias a nivel de que se cumplan. Hay demasiada gente que no
quiere comprometerse, enemistarse, reclamar, exigir. Creen que quedándose
siempre callados y quietos van a escapar a lo peor. Eso podría ser antes, no
ahora. Aún antes, el pusilánime, el miedoso – casi siempre, además,
interesado en la protección del poder – que no solía pestañear ante las más
flagrantes ilegalidades o el acoso a otros, tampoco podía esperar el respeto
de nadie.
Creo, sin temor
a equivocarme, que el mayor problema ha sido, precisamente, la ignorancia de
la ley. Los profesores han preferido oír los cantos de todos los
“Reformistas”, de todos aquellos que ofrecían soluciones fáciles,
automáticas con sólo no hacer nada, con un entregarse a la ola que llegaba,
a los mal llamados textos, a las presiones de unos y otros, - Administración
incluida -.
Buscar el marco
legal. Buscarle el sentido. Ese debe ser el principio. Pueden creerme: ese
marco está ahí a sabiendas de que no va a ser operativo, de que va a ser
sistemáticamente ignorado. Conocerlo, estudiarlo, ver sus posibilidades,
ponerlo en práctica, exigir que se respete es lo único digno que puede
hacerse. Hablo de la ley y de la exigencia de su cumplimiento, no sólo a los
alumnos o los padres, sino a los colegas y a la misma Administración.
La realidad del
profesor está indefectiblemente en el aula. Está allí como persona y como
profesor – aún en el caso discutible de que ambas cosas puedan ir disociadas
-. Hace muchos años que nadie habla de las cualidades que necesita tener un
profesor. Aquellos listados que aprendimos siguen siendo válidos, pero hoy
las exigencias van mucho más allá.
Todas las
profesiones “de cara al público” exigen comprender que no sólo se vende una
fuerza de trabajo, unos saberes, sino una personalidad determinada. Lo saben
bien los políticos. Por eso pagan cantidades astronómicas a sus asesores de
imagen, a los que redactan sus discursos, a las agencias que los promocionan
en distintos países y medios. Ellos tienen la ventaja de escapar al cuerpo a
cuerpo – siempre o casi siempre -. Tiene la ventaja de que sus apariciones
no dejan de ser un flasch sin continuidad.
El profesor
tiene que dar la imagen de que puede enseñar a vivir porque sabe vivir.
Vivir, para unos alumnos, es pasar el examen del aula. Es pasar el examen en
las contingencias que surgen en los cincuenta y cinco minutos dos, tres o
cuatro horas a la semana, durante los meses que dura el curso. De entre
esas contingencias destaca lo que es la marcha académica, pero esa marcha -
que ha de ser exitosa para que la supervivencia sea algo simplemente posible
-, no es sino la parte sino qua non. A ella hay que añadir
todos los conflictos y situaciones límites que surgen en la secuencia de los
días y las ineludibles relaciones con todo lo que es una clase y un centro.
Volveremos sobre esto.
La tercera
realidad es la de los alumnos. Nadie puede elegir a sus alumnos. Profesores
hay que consiguen algún que otro trato de favor en la asignación de los
cursos o los grupos, pero eso va siendo cada vez más difícil y menos eficaz.
El primer día de curso hay que enfrentarse a lo que hay. Es en la manera de
considerarlo donde cualquier profesor se la juega. Considerar que se trata
de un marco plano, uniforme, como algo inamovible es el primer error.
Olvidar que todo profesor que ya ha pasado al menos un curso en el centro no
es un desconocido para los alumnos es ignorarlo todo en la enseñanza. No ser
capaz de aguantar el tirón de los primeros incidentes es tanto como entregar
las armas en la primera escaramuza.
Analizar
minuciosamente esas tres realidades será el primer trabajo del profesor.
Después vendrán las estrategias para coordinarlas.
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